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La recién aprobada Ley de Memoria Democrática reconoce como víctimas del franquismo a los masones, consideración inédita en proyectos legislativos anteriores.

Particularmente, los articulos 3.l, 4.2 y 5.2 hacen mención a la persecución que sufrió este colectivo y que se articuló a través del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

Así, literalmente reconoce como víctimas a:

3.l. Las personas que sufrieron persecución o violencia por (…) pertenecer a la masonería o a las sociedades teosóficas y similares.

4. 2. Las razones a que se refiere el apartado anterior incluyen la pertenencia, colaboración o relación con (…) sociedades secretas, logias masónicas, sociedades teosóficas y similares (…), así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales (…).

Imagen de un fusilamiento en época franquista.

5. 2. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, así como la concurrencia en estos procesos de intimidación e indefensión, se declara en todo caso la nulidad de las condenas y sanciones y la ilegalidad e ilegitimidad del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (…), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ley.

BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS

El propósito de esta ley es buscar a los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y estudiar las posibles vulneraciones de derechos humanos entre los años 1978 y 1983,

Entró en vigor el viernes tras una larga tramitación parlamentaria, aunque ha recibido los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos.

La ley recibe los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos

La nueva norma, que sustituye a la Ley de Memoria de 2007, nace bajo los principios de «verdad, justicia y reparación» y persigue dignificar las víctimas olvidadas, así como «evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia».

DEBER MORAL

Así, considera un «inexcusable deber moral» político y un «signo de la calidad de la democracia» recordar, reparar y dignificar a las víctimas del golpe de Estado, la guerra de España y la dictadura franquista porque entiende que «el olvido no es opción para una democracia».

Represión en la época de la dictadura.

ELEMENTOS CLAVE

Estos son algunos de los puntos más importantes de la ley:

  • EL RÉGIMEN FRANQUISTA SE DECLARARÁ ILEGAL: la ley declara ilegal tanto el régimen franquista como los tribunales franquistas, por lo que se anulan todas sus condenas.
  • EL ESTADO ASUME LA BÚSQUEDA DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS: la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas.
  • Para ello, elaborará un mapa de localización de personas desaparecidas y creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura para poder comparar perfiles genéticos en la identificación de restos.
  • DEFINICIÓN DE VÍCTIMA: considera víctima a aquella persona que haya sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Tendrán derecho al «reconocimiento y reparación integral» por parte del Estado, así como al «resarcimiento» de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la Dictadura.

FUERTE OPOSICIÓN

Al margen del debate parlamentario, más de 20 antiguos ministros de la UCD y el PP así como exdirigentes socialistas como Joaquín Leguina secundaron la petición trasladada al Gobierno por el exministro Rafael Arias-Navarro para que se retirara la ya aprobada ley.

Joaquín Legina, histórico dirigente del PSOE.

Según informó en su momento la Fundación Transición Política Española, Arias-Navarro envió en julio una carta al presidente del Gobierno pidiendo que retire este proyecto de ley «para restaurar el consenso nacional».

CONTRA EL PACTO CONSTITUCIONAL

Los firmantes consideran esta ley «una tergiversación del pacto constitucional».

Entre quienes se sumaron a la petición había un total de 24 exministros como Soledad Becerril, José Manuel García-Margallo, Eduardo Serra o Miguel Arias Cañete, así como un total de 57 antiguos diputados y senadores, también de UCD y PP.

Por parte socialista, cabe destacar la presencia del antiguo presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, o de Fernando Múgica Heras, abogado e hijo de Fernando Múgica, histórico dirigente del PSOE asesinado por ETA.

También figuran en el listado la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, y el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Manuel Pizarro, entre otros.

Asimismo, figuran cinco asociaciones y fundaciones y 23 antiguos altos cargos, así como empresarios, catedráticos y diplomáticos.